El trabajo de las mujeres ha sido históricamente discriminado desde muchos aspectos: primero, la remuneración, porque a pesar de la consagración constitucional de la igualdad salarial, las mujeres siempre reciben menores ingresos incluso a pesar de que desarrollen las funciones en condiciones de calidad superiores a la de los hombres; segundo, posibilidades de ocupar cargos de primer nivel, porque si bien ya existen organizaciones lideradas por mujeres, tradicionalmente a los hombres se les permite acceder a estas direcciones de poder, es decir, a estos altos cargos, en una competencia que no pocas veces es desleal y discriminatoria contra las mujeres;; tercero, el desempeño de funciones de cuidado y del hogar no remuneradas, dado que a lo largo de la historia se ha admitido sin reparo que la mujer además de la labor económica que desempeñe, tiene la obligación de estar al cuidado del hogar y la familia con las implicaciones que ello tiene, en materia de cuidado de los hijos y de otros familiares, atención de labores como aseo, alimentación y organización del hogar, y en general atencion de actividades de la casa. Esta rápida descripción de algunas de las problemáticas que envuelven las relaciones laborales desde la óptica del trabajo femenino, no son ajenas a la discriminacion que también históricamente han recibido las mujeres desde lo estrictamente político. Basta recordar, por ejemplo, el reconocimiento muy reciente de su derecho al voto, y el acceso a ciertas posiciones de liderazgo en las ramas del poder público, pues si bien recientemente se eligió la primera alcaldesa en bogotá y la primera vicepresidenta en Colombia, eventos que alientan la posibilidad de que la mujer verdaderamente incursione con garantías y con igualdad de condiciones en este terreno y ámbito político, ese objetivo aún parece lejano.